El Código Procesal Penal no puede ser puesto en vigencia

El Código Procesal Penal no puede ser puesto en vigencia 

Por Carlos A. Chiara Díaz  

Si bien el código aprobado por Ley Nº 27.063, promulgado mediante Decreto Nº 2.321/2014 es superior técnicamente al actual y se adecua mejor a los principios básicos del debido proceso según la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales, no resulta ser del todo un instrumento adecuado para superar la cultura inquisitiva y formal que aleja la tarea cotidiana de jueces y fiscales de la gente, quien no comprende su lenguaje y falta de eficacia en las investigaciones, como también que no se alcancen las decisiones en plazos razonables, sobre todo en los denominados delitos del poder o de sus allegados, cuando actúan desembozadamente las corporaciones, los medios y los influyentes de turno.-

Es que para ponerlo en vigencia efectiva se necesitan las leyes complementarias indispensables que organicen la Policía de la Investigaciones, el Ministerio Público Fiscal (para que sea confiable e independiente), la Defensa Oficial (para que esté suficientemente capacitada y sea eficiente) y la actividad de gestión administrativo-judicial, a fin que permita extender la oralidad plena en las realidades desde el comienzo de la investigación preliminar hasta la etapa de ejecución, con medios alternativos que faciliten los acuerdos y optar por medidas pacificadoras de los conflictos sin unilateralizarse en la aplicación de penas tradicionales, además de brindar una capacitación continua que de a los operadores la comprensión cabal del nuevo sistema, superando los hábitos del expediente y de procedimientos impersonales donde, sobre todo, no figuran autores y víctimas.-

Todo eso falta, y no es poco para tratar de forzar su concreción en los próximos meses, adicionándose a ella la disputa política exacerbada por la lucha electoral, donde hay sectores que quieren por encima de otras elucubraciones designar a militantes confiables y susceptibles de brindarles impunidad, mientras otros desconfían hasta de quienes lucen pergaminos académicos y excelencias técnicas, prefiriendo postergar los nombramientos para después de las elecciones, cuando asuman los mismos gobernantes.-

Asimismo se han exacerbado las posiciones al extremo de evitar el diálogo constructivo con quienes son ubicados como enemigos y sospechosos, apareciendo insultos, campañas de desprestigio, amenazas y hasta la posibilidad de la muerte si se insiste en involucrar en hechos delictivos a determinadas personas. En ese aspecto ha sido tremendo y no aclarado en todas sus proyecciones que el Fiscal Nisman, después de preparar una investigación donde encontró elementos para comprometer a la Presidenta de la República, a su Canciller y a otros altos funcionarios, cuando le iba a presentar la misma en la Cámara de Diputados de la Nación, apareciera muerto de un balazo en la cabeza en su departamento de Puerto Madero, a pesar de tener diez (10) custodios oficiales.-

Con tal panorama parece poco propicio insistir en poner ahora en vigencia al sancionado Código Procesal Penal de la Nación, sin contar tampoco con un Código Penal moderno y acorde a la orientación adversarial y acusatoria de aquél, con reconocimiento pleno de las víctimas y del rol de los Fiscales en el manejo de la acción penal y las investigaciones, porque hacerlo puede hacer fracasar un intento serio de ubicar la Administración de Justicia y los límites del poder punitivo estatal fuera de toda sospecha y dentro del esquema institucional vigente.-